SANTO DOMINGO. El "mea culpa" hecho ayer por el pleno de la Cámara de Cuentas, no ha calmado los demonios desatados con las denuncias acusaciones entre sus magistrados.
La renuncia de los jueces, esperada por senadores, diputados otras entidades de la sociedad civil, no se materializó en la apresurada rueda prensa convocada ayer en la que las palabras de armonía contradecían los rostros adustos de siete de los nueve jueces que participaron. Los dos restantes estarían de viaje.
A pesar de anunciar al país que han subsanado las diferencias (que son muchas desde que asumieron el cargo), que trabajarán denodadamente por los mejores intereses de la nación, la leche derramada no se ha podido recoger en la sesión de este miércoles la Cámara de Diputados será apoderada de dos resoluciones, una que someterán los reformistas, que propone investigar el proceder de los jueces del organismo en consecuencia acusarlos ante el Senado otra, que presentará el diputado oficialista Juan Quiñones, que pide su interpelación.
La investigación la interpelación tienen el mismo propósito: que se expliquen las acusaciones de que se están ocultando irregularidades en las auditorias hechas algunas instituciones del Estado, la realización de sólo 10 auditorías en casi dos años, entre otras acusaciones que se cruzaron varios magistrados.
El presidente vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero Henry Mejía, respectivamente, anunciaron que enviarían la tarde de ayer al Congreso el informe del año fiscal 2007, como establece la Constitución: en la primera legislatura ordinaria de este año.
Sin embargo llama la atención de que el informe esté listo si sólo se han realizado 10 auditorías en el tiempo de gestión de estos magistrados.
El vocero de los senadores del PLD, Diego Aquino Acosta de la provincia Bahoruco, advirtió que si los jueces de la Cámara de Cuentas no renuncian no le buscan una solución al problema en el menor tiempo posible los senadores se verán en la obligación de actuar.
"Si ellos no renuncian tampoco le buscan la solución para recomponer esa situación recomenzar, habrá que nombrar nuevos jueces que le den la Cámara el nivel de confianza de productividad eficiencia que necesita ese organismo", sostuvo.
La Cámara de Diputados tiene ahora la última palabra, pues es la que puede formular la acusación.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, pidió ayer al Congreso Nacional que asuma su rol de órgano de control del Estado someta los jueces de la Cámara de Cuentas un juicio político por las irregularidades que habrían cometido en el ejercicio de sus funciones.
Al hacer la solicitud, Castaños Guzmán se mostró convencido de que "si hay una institución que está atentando contra el estado de derecho en la República Dominicana es la Cámara de Cuentas".
Argumentó que los miembros de ese tribunal colegiado primero tuvieron problemas de coordinación, después mostraron dificultades de desempeño ahora exhiben problemas de compatibilidad.